La brecha entre la rentabilidad privada y social en este tipo de actividad produce fallos de mercado en su provisión privada, lo que justifica que los gobiernos intervengan estableciendo una serie de medidas orientadas a favorecer el comportamiento innovador de las empresas.

La realización de actividades y proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, es un proceso que conlleva riesgos tanto financieros, como tecnológicos, pero necesario para asegurar la competitividad de una empresa en el actual contexto económico. Las administraciones públicas apoyan a las empresas que emprenden este tipo de actividades, en la minoración del riesgo asumido mediante dos mecanismos:

- Ayudas directas: subvenciones, préstamos reembolsables... presentan concurrencia competitiva entre los solicitantes, priorizando áreas tecnológicas, tipo de actuaciones y beneficiarios.
- Ayudas indirectas: deducciones fiscales. No presentan concurrencia competitiva, están dirigidas para aquella actividades que respondan a la clasificación de I+D vs. IT, siendo proporcionales a los gastos realizados

Los incentivos fiscales a la I+D, en esta última década, han adquirido un rol fundamental en el contexto de las medidas que desarrollan los gobiernos para estimular la innovación privada. Para las empresas estas ayudas producen un efecto inmediato, reduciendo el coste de la inversión a medio y largo plazo, al minorar la carga tributaria, representando un factor importante en la planificación de la estrategia de I+D de las empresas. Esta reducción del coste de este tipo de inversiones, permite aumentar la rentabilidad privada aproximándola a su rentabilidad social, incentivando este tipo de actividades, que no sólo reporta beneficios individuales a la empresa que las realiza, sino externalidades positivas - beneficios 'sociales' para la sociedad en su conjunto, para el sector, usuarios de esa tecnología...

Tan importante como que un sistema de incentivos sea favorable fiscalmente es que las empresas lo perciban como tal y, en consecuencia, los apliquen, pues sólo de esa forma, se podrá evaluar su eficacia real. En el ámbito internacional, y en comparación a otras medidas de ayudas financieras públicas a la innovación (subvenciones, préstamos blandos...) existe una clara tendencia de incrementar las ayudas fiscales.

En la actualidad, 21 de los 30 países miembros de la OCDE establecen alguna medida fiscal de incentivo a la inversión en I+D, observando la propensión de los gobiernos a mejorar dichos incentivos, ya sea aumentando los coeficientes de deducción, o bien introduciendo fórmulas que facilitan el reintegro inmediato de las cuantías deducidas.

Las políticas fiscales de estímulo a la I+D son resultado de muchas variables, y en su configuración es vital tener en cuenta, además del sistema fiscal, otros factores como la cultura innovadora, el sistema tecnológico, la estructura industrial, el tamaño de las empresas, la naturaleza de los fallos de mercado y los objetivos políticos. Adicionalmente, los incentivos fiscales deben ser neutrales, transparentes y simples, estables y suponer costes de gestión e implementación reducidos.

La mayoría de los países utilizan como marco el Impuesto sobre beneficios empresariales. En general, se diseñan para beneficiar a todas las empresas, aunque dado que las pymes suelen tener mayores dificultades para desarrollar y asumir el riesgo (tanto tecnológico, como financiero) de este tipo de actuaciones, se suelen incluir medidas especiales para ellas. Existen diferencias en lo relativo a los porcentajes de deducción en la base imponible o en la cuota, el tipo impositivo, incentivos específicos para determinadas actividades y límites a la normativa, así como en cuanto al gasto en I+D incluido en la definición, siendo España el único país en el que se ha añadido a la definición de I+D el concepto de innovación tecnológica.

En el actual contexto de reforma fiscal, los incentivos fiscales a la I+D+i no solo deben mantenerse, sino que deben reafirmase como uno de los principales mecanismos de apoyo al proceso innovador, y aprovechar para que el marco normativo regulador de los mismos, se ajuste a la actual realidad y necesidades del tejido productivo, especialmente de la pyme innovadora; realizando una revisión de las definiciones en cuanto a la clasificación de actividades como I+D o IT, incidiendo en la consideración del software, incrementar el 'premio' fiscal para la pymes, agilizar los trámites correspondientes a la emisión de los actuales Informes Motivados Vinculantes, revisión del proceso de evaluación externa...
 

Fuente: Madridmasd